Carta a la Militancia del Partido Demócrata Cristiano

Queridas y queridos camaradas de Chile, hoy hemos sido testigos de una jornada triste en la historia de nuestro Partido. Con votos de buena parte de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, el Gobierno de Sebastián Piñera ha logrado aprobar en la Cámara de Diputados su proyecto de (Contra)Reforma Tributaria, cuyo núcleo esencial está dado por un beneficio de más de 800 millones de dólares anuales, dirigido a las mayores fortunas de este país, entre las que se cuentan precisamente el propio Presidente de la República.

Es cierto que por gestiones de toda la oposición y no exclusivamente de la DC, como nos ha pretendido hacer creer la dirigencia del Partido y el Jefe de Bancada, se introdujeron modificaciones al proyecto original, las que pueden ser calificadas como avances, si se miran de forma separada del resto del proyecto. Sin embargo, en una decisión inentendible, el Presidente del Partido y el Jefe de Bancada, de forma precipitada y poco transparente, suscribieron un acuerdo con el Gobierno, en el que se apropiaron de un trabajo que se venía desarrollando de forma conjunta por una mesa técnica de toda la oposición, a fin de aparecer ante la opinión pública como artífices de un supuesto gran acuerdo en beneficio de los adultos mayores, las Pymes y las regiones.

Desde su inicio, el principal objetivo declarado por el Gobierno con este proyecto ha sido la necesidad de dinamizar la economía a través de una supuesta simplificación tributaria. Sin embargo, también ha quedado de manifiesto que el núcleo de esta reforma no es otro que la “reintegración” del sistema. Esto es, que los dueños de las empresas rebajen de sus impuestos personales lo que haya sido tributado por aquellas.

Tal como han sostenido de manera consistente expertos de talla internacional como el académico Ricardo Ffrench Davis, el llamado corazón de la reforma, “es un gran incentivo a la distribución de utilidades (incentiva la no reinversión)”. En definitiva, con este proyecto no estamos garantizando una mayor inversión, sino que precisamente el retiro de utilidades. El sistema actual, tras la reforma alcanzada en el Gobierno anterior, con respaldo transversal por lo demás, precisamente favorece la reinversión.

El Gobierno y la DC aún no explican cómo favorece el crecimiento y la creación de empleos el hecho de que los dueños de las grandes empresas, en consecuencia, de las mayores fortunas de este país, puedan rebajar sus impuestos personales a partir de lo que tributan sus empresas, las que además generan riqueza, en buena medida, a partir de la fuerza de trabajo de sus trabajadoras y trabajadores.

La dirigencia de la DC ha sostenido que con el acuerdo impulsado por el Partido se generan compensaciones cercanas a los 400 millones de dólares. La pregunta que Fuad Chaín no responde es cuántos cientos de millones de dólares en recaudación fiscal se pierden. La DC no responde de forma clara al país si era posible o no lograr mayores concesiones de parte de un Gobierno sin mayoría en el Congreso y sin respaldo ciudadano en esta materia específica. La DC debe explicar por qué optó, una vez más por el fracasado camino solitario, entregando al Gobierno lo único que realmente le interesaba: la reintegración.

En relación con otro argumento ampliamente difundido, relativo a que la tendencia mundial es hacia la reducción de las cargas tributarias, es pertinente recordar que en esos países los impuestos representan cerca del 40% de su PIB, en consecuencia que en Chile alcanza poco más del 20%, otros países que tienen bajos impuestos a las empresas optan por fijar altos impuestos a los ingresos personales”.

Más grave resulta lo actuado por nuestro Partido considerando que Chile sigue siendo uno de los países con peores indicadores en materia de desigualdad entre los Estados miembros de la OCDE, con un coeficiente de Gini de 0.454, solo superado por México con una cifra de 0.458. Ello coincide, precisamente, con que México (16.2 puntos del PIB) y Chile (20.2 puntos del PIB) son de los países con menor carga tributaria de los Estados miembros de la OCDE, cuyo promedio es de 34.2. Ello se traduce en que en Chile se recauda menos por concepto de impuestos que en los más grandes países liberales o neoliberales del mundo, como EE.UU. (27.1) y Reino Unido (33.3).

Respecto de las estructuras tributarias, el promedio de la OCDE para impuestos sobre la renta de las personas es de 24 puntos del PIB, en América Latina y el Caribe es de 10 puntos, pero en Chile la cifra no alcanza los dos dígitos. Una vez más por debajo de EE.UU. (12.4) y Reino Unido (11.9).

El propio Rodrigo Vergara, en enero de 2017, reconocía que “con la reforma tributaria de 2014 Chile tiene una carga tributaria similar, aunque todavía un punto menor, a la mediana de los países de la OCDE”.

La estructura tributaria de los países determina la capacidad que tendrán los Estados para adoptar políticas con enfoques de redistribución de la riqueza. Es más, la herramienta más eficaz para tales fines es precisamente el marco impositivo. En esto, nuestro Partido ha abandonado sus más sensibles banderas de lucha.

Para quienes creemos en el Estado como garante y promotor del bien común, resulta ineludible empujar políticas públicas con claros efectos redistributivos, que partan de la base de la progresividad y proporcionalidad. Esta reforma, sin perjuicio de contener aspectos accesorios bastante positivos, en su médula es una política pública que favorece a las mayores fortunas de este país, en consecuencia, nada más lejos de las ideas que debieran ser fuertemente defendidas por las expresiones progresistas.

Para nosotros debiera ser un hecho fuera de debate que la tributación debe ser en proporción a las rentas percibidas, asimismo, es un dato que en Chile las rentas están claramente concentradas, entonces, las mayores fortunas deben pagar proporcionalmente mucho más, lo que nos lleva a la conclusión de que lo que necesitamos con urgencia son más impuestos progresivos, que el IVA sea diferenciado y que la estructura tributaria deje de descansar sobre los impuestos que pagan la clase media y los pobres, como lo hace hasta ahora, incluso con los cambios introducidos en 2014.

Concretamente, la Democracia Cristiana en su V Congreso Ideológico reconocía que “la enorme desigualdad distributiva que exhibe nuestra patria genera exclusión social y económica. Surge aquí un imperativo moral de primer orden que emplaza a las fuerzas políticas progresistas a adoptar las medidas destinadas a provocar los cambios necesarios”. En ese entonces, aun sin la reforma tributaria aprobada en el Gobierno anterior, el PDC declaraba que “el actual sistema tributario debe corregirse para mejorar su progresividad y su rendimiento. Lugar prioritario ocupa un combate intensificado a la evasión tributaria, la eliminación de franquicias regresivas y el aumento de la progresividad efectiva”. Finalmente, nuestro Partido acordaba que “la tarea de garantizar derechos sociales supone asumir la necesidad de perfeccionar nuestro sistema tributario para hacerlo más progresivo, más eficiente disminuyendo la evasión fiscal y controlando la excesiva elusión fiscal. Se trata de contar con una estructura tributaria que permita financiar responsablemente el gasto social”.

Claramente el acuerdo que algunos colegas de bancada han asumido en esta materia con el Gobierno no solo se aleja de nuestros planteamientos oficiales como Partido, sino que derechamente se enfrenta a nuestras más profundas convicciones de justicia social y pugnan de forma abierta con nuestros acuerdos ideológicos vigentes.

Se pudieron aprobar las medidas progresivas que la oposición incorporó al proyecto sin renunciar a nuestras más esenciales convicciones en materia de equidad social y justicia tributaria. Existen vías para favorecer a las PYMES, a los adultos mayores, a las regiones y a la clase media sin dejar de recaudar en beneficio de los más ricos de este país. Necesitamos un Estado que recaude más. En tiempos económicos turbulentos sabemos que las respuestas no vienen de los privados, los que generalmente se retraen en estos escenarios. La reactivación generalmente viene de los Estados a través de las políticas económicas y el gasto público. Ningún país del mundo ha salido de dificultades económicas por las virtudes del sector privado, sino que por una fuerte y decidida acción del Estado y precisamente para ello se requiere que ese Estado cuente con los recursos necesarios para actuar en auxilio de los más necesitados y para generar inversión pública.

Con mucha tristeza constato que el Partido que promovió cambios radicales en nuestro país, hoy ha preferido marchar a la comparsa de un Gobierno de derechas, respecto del cual nuestra Junta Nacional y la ciudadanía, nos ubicaron en la oposición. Por cierto que ello no implica obstruir y negarse a legislar en toda materia, pero como partido de oposición tenemos el deber de mantener nuestra identidad y de jugar el rol que como tal nos compete. No nos correspondía “salvarle” esta contrarreforma al Gobierno, lo que nos correspondía, por mandato expreso de la Junta Nacional, era defender lo avanzado en el gobierno de coalición del cual formamos parte, perfeccionar esa pequeña pero relevante conquista en pos de un sistema impositivo más justo y que tenía en vista contar con los recursos necesarios para financiar una serie de políticas públicas que van en directo beneficio de los pobres y la clase media.

Tras esta reforma, aprobada y promovida por la DC, Chile es más injusto. No estoy disponible para seguir militando en este partido, tristemente capturado por una dirigencia que desobedece mandatos de la Junta Nacional y que desconoce nuestras más elementales raíces. Aprecio y agradezco a mis camaradas de base, lamentando que hoy sean representados por esta casta de personeros que ya perdieron todo pudor para cogobernar con la derecha. Valoro a quienes deciden quedarse para luchar desde dentro, pero la batalla contra las fuerzas neoliberales y conservadoras es tan ardua, que tener que lidiar además con pugnas intestinas, dentro de un Partido que se supone de vanguardia, no resulta en nada fructífero.

Ya no bastan las explicaciones de los dirigentes del PDC de pretender articular una oposición constructiva o esa añoranza por una mal entendida política de los acuerdos, esta vez se sobrepasó el límite que ética y políticamente no era posible cruzar y en esta ocasión es sin retorno, acá se está cogobernando con la derecha y su programa político. La estrategia del camino propio ya nos empujó a un desastre electoral, donde sus principales promotores fueron castigados en las urnas por la ciudadanía, sin embargo, nuestro Partido parece no haber entendido el mensaje ni aprendido la lección.

Por ello y tras un intenso período de reflexión, iniciado a partir del momento en que la bancada decidió plegarse a la votación de la idea de legislar este proyecto, hoy anuncio que presentaré formalmente mi renuncia a la militancia en la Democracia Cristiana. Mantengo mi lealtad a sus más altos principios y con la memoria puesta en las grandes conquistas lideradas por la DC en el pasado como inspiración para mi actuar presente y futuro.