- Después de un mediático comienzo con formalizaciones y el slogan de castigar a los autores de los incendios que afectaron a la zona, la investigación ha caído en una serie de cuestionamientos y denuncias que han generado dudas en la imparcialidad de Fiscalía a la hora de llevar a cabo el proceso.
Ha sido uno tras otro. Errores, desaciertos e incluso suspensiones de formalizaciones, lo cierto es que los días no han estado calmos en la Fiscalía de O’Higgins y menos para el fiscal Emiliano Arias, quien desde enero de 2017 decidió liderar la investigación por los incendios ocurridos en Paredones, Pumanque y Peralillo.
Falta al Principio de Imparcialidad
Tal vez el golpe más duro vino desde el interior de la misma fiscalía, luego que el Fiscal Nacional Jorge Abbott, reconociera la apertura de un sumario contra Arias por su posible actuar imprudente y falto de imparcialidad en la investigación por los incendios que afectaron a la zona durante el pasado verano en dicha zona. Todo a raíz de una denuncia presentada por un particular que grabó una reunión del fiscal Arias con vecinos de Pumanque en el mes de marzo, donde el representante de fiscalía les señalaba públicamente que la responsabilidad en la generación de los incendios era de los trabajadores de la empresa de generación eléctrica, por la falta de mantención del tendido eléctrico en medio de predios forestales, hecho que fue considerado como incumplimiento del principio de imparcialidad que deben tener los fiscales en Chile, ya que predispuso a los afectados en contra de los trabajadores de dicha empresa, quienes meses después serían formalizados y custodiados con medidas cautelares.
El fiscal Nacional Jorge Abbott fue tajante: «durante el proceso de investigación no se debe estar de ningún lado. Tienen obligación de actuar con plena y absoluta objetividad y eso es una obligación que debe ser cumplida. No es posible que nos pongamos de parte de los intervinientes durante el proceso de investigación. Una vez concluida la investigación y cuando llegamos a la convicción de que es necesario formular una acusación respecto de una persona determinada, sí podemos tomar una decisión y sí podemos actuar como parte, pero durante el proceso de investigación debemos mantener la más absoluta objetividad. Sino eso constituiría una amenaza respecto de los ciudadanos».
La respuesta que habría entregado el fiscal Emiliano Arias a esta acusación y a su actuar, no habría sido completamente satisfactoria razón por la cual fiscalía decidió abrir una investigación administrativa en su contra.
Ausencia de nuevas aristas en la Investigación.
Otro de los cuestionamientos que se le hace al fiscal Arias, es que se ha centrado única y exclusivamente, casi como una obsesión, en la línea investigativa que persigue a los trabajadores de la empresa eléctrica, dejando de lado cualquier otro tipo de arista, hipótesis o información alterna que pudiera dar luces a la Investigación.
Por ejemplo, no se ha ahondado en los cuestionamientos a la Corporación Nacional Forestal, cuyo rol por Ley es preever este tipo de emergencias, realizando fiscalizaciones constantes a los predios forestales, cuyas plantaciones superan las 400 hectáreas están obligados a contar con cortafuegos y cuya dimensión de los corredores debe ser dos veces el tamaño del árbol, teniendo la obligación de denunciar dichos incumplimientos. Si aquello se hubiese cumplido, tal vez se pudo evitar la propagación o inicio de los incendios, un tema que incluso ha sido analizado en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.
Otra interrogante es saber por qué no se investigado sobre las quemas ilegales, ni los registros o denuncias de este tipo de procedimientos por parte de CONAF.
Tampoco se ha indagado sobre las denuncias dirigidas hacia el Intendente de la Región de O`Higgins, Pablo Silva, a quien se le responsabiliza de incumplir con la Ley 19.175, tanto en la prevención de los siniestros como en su tardía actuación para enfrentar el desastre y evitar la propagación de los incendios, tal como costa en las actas de la sesión de la comisión de agricultura de enero de 2017, donde se narra el episodio en que bomberos y unidades de emergencia debieron esperar por horas al Intendente para que les pasara revista y realizar las fotografías de prensa, en vez de estar atacando los incendios. Hay que considerar además, que existen tres presentaciones ante Contraloría, las cuales buscan esclarecer las eventuales responsabilidades políticas y administrativas, tanto del Intendente, como de CONAF.
Otra de las grandes aristas no investigadas es el factor avispa taladradora. En enero de 2016, el Director Regional de SAG, Juan Sotomayor, había decretado en prácticamente toda la VI Región, cuarentena por la avispa Sirex Noctilio, una de las más dañinas en su especie. La presencia de dicha avispa está costado pérdidas millonarias a los dueños de fundos forestales, considerando además que los seguros en predios forestales no cubren los daños por presencia de especies ni plagas, pero si lo hacen en caso de incendios. En los protocolos establecidos por el propio SAG y empresas dedicadas a la extinción de plagas, se sentencia que la única forma efectiva para erradicar a esta avispa es la quema controlada, sin embargo, tampoco se ha indaga sobre esta posibilidad, ni menos las intencionales que pudiesen existir detrás. Incluso ONGs ambientalistas han llegado a vincular el origen de los incendios con terceros vinculados con empresas forestales, en cuyos predios existía la presencia de la avisa taladradora. Pese a todos estos antecedentes, la fiscalía no ha abierto ninguna investigación para analizar la veracidad de estos hechos y despejar si hay alguna relación entre avispa e incendios, en la Sexta y Séptima Región.
Errores en formalización
Para el 10 de mayo pasado, el fiscal Emiliano Arias, había fijado una nueva audiencia de formalización en contra de los tres trabajadores de la empresa eléctrica que ya había formalizado. Esta vez para acusarlos nuevamente por omisión dolosa en la generación de un incendio en Mostazal. Dicha audiencia jamás se llevó a cabo y se suspendió indefinidamente, luego que se comprobara que en dicho predio el tendido eléctrico era privado y no correspondía a la empresa CGE.
Omisión culposa
Este caso ha sido analizado en varios ámbitos a nivel regional y nacional, sobretodo porque el fiscal acusó penalmente a los imputados por omisión culposa, vale decir, según la tesis de Arias, que por no haber realizado limpiezas ni mantención de los predios forestales, donde atravesaban los tendidos eléctricos, se habría originado el incendio.
No obstante, la formalización, las medidas cautelares impuestas, que incluyeron incluso prisión preventiva, más se acercan a una acusación por el delito de incendio, donde se debe tener la intencionalidad de causar el incendio. Aquello reviste una situación absolutamente distinta, cuestión que también está siendo analizada y de no ser favorable al Ministerio Público, podría significar un nuevo traspié para el fiscal Emiliano Arias.
Efecto Expansivo de la tesis del Fiscal
La tesis del fiscal para acusar penalmente a los trabajadores de la empresa podría tener un efecto expansivo sobre otras autoridades que, teniendo una responsabilidad por Ley, no la cumplen. Existen diferentes visiones entre abogados y funcionarios públicos que siguen el caso, los cuales están en alerta y citan varios ejemplos de eventuales situaciones que pudieran dar lugar a la construcción de acciones penales, bajo la misma figura de la omisión culposa.
