Normativa chilena data de 1999, antes de la irrupción masiva de Internet, las Redes Sociales y el procesamiento masivo de información o “Big Data”. Exigencia de una nueva institucionalidad se desarrolló en la última jornada del XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos.
Por segundo día consecutivo, expertos, autoridades y representantes del mundo institucional y empresarial reflexionaron acerca de la trascendencia que significa para nuestro país modernizar su ley de protección de datos.
El debate se concretó en la última jornada del XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, evento organizado por el Consejo para la Transparencia cuyo fin es fomentar la discusión en torno al resguardo de la información personal de los ciudadanos y su reconocimiento como derecho garantizado en nuestro país y en la región.
En la cita, diversos expertos destacaron la necesidad de que Chile modernice su normativa en torno a esta materia, pues la ley vigente fue promulgada en 1999, mucho antes de la penetración masiva de Internet, las Redes Sociales y el procesamiento masivo de información o Big Data.
El gobierno, que comprometió la presentación de un proyecto de Ley ante la OCDE, presentó una iniciativa legal en marzo pasado, en la cual se propone la creación de una unidad encargada de la protección de datos a cargo del Ministerio de Hacienda.
Según el jefe de la Unidad de Protección de Datos de la Comisión Europea, Bruno Gencarelli, “la existencia de una autoridad de control autónoma es un requisito esencial para que un país sea considerado adecuado para la trasferencia internacional de datos”, y detalló que la ausencia de una entidad independiente influiría en la posición de una economía frente a préstamos, evaluaciones o el intercambio comercial con otras naciones.
En tanto, el senador UDI Hernán Larraín, cuestionó la idoneidad del proyecto presentado por el Ejecutivo, puntualizando que la fórmula de una entidad dependiente del Ministerio de Hacienda no “cumple con los estándares que todos aspiramos”.
“Además, el proyecto contempla un trato diferenciado para el sector público y el privado que termina siendo discriminatorio acerca de una protección que deberían tener un mismo derecho y respuesta por parte del Estado”, agregó Larraín.
Por su parte, el senador PPD Felipe Harboe, coautor de una moción parlamentaria presentada previamente al envío del Ejecutivo, señaló que la ley vigente presenta falencias y “esto genera una afectación de los derechos ciudadanos y una incertidumbre frente a los negocios. Frente a una mala ley, quien establece el derecho o la obligación es el Poder Judicial, y en consecuencia, la judicialización de los derechos es la expresión de una mala legislación”, sentenció Harboe, justificando la importancia de que Chile cuente con una nueva normativa.
Respecto del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, cuestionó la asimetría en el tratamiento de los datos pues, cuando una persona se sienta afectada en sus derechos podrá recurrir a la unidad dependiente del Ministerio de Hacienda en caso de que sus datos estén en manos del sistema privado, mientras que si los antecedentes están en el sistema público, tendrán que acudir a tribunales, para lo cual deberán contratar un abogado.
