Juan Luis Castro (PS) y Miguel Ángel Alvarado (PPD) explicaron que, en caso de que Nabila lo decida, la apoyarán en la gestión para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto tras la rebaja de la pena para de agresor, Mauricio Ortega.
Los diputados Juan Luis Castro (PS) y Miguel Ángel Alvarado (PPD) informaron, este miércoles, que solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que se invite a Nabila Rifo. Esto tras la decisión de la Corte Suprema de rebajar la condena a su agresor de 26 a 18 años, debido a que no se habría logrado acreditar el delito de femicidio frustrado.
El diputado Juan Luis Castro (PS) detalló que “hemos pedido al presidente de la Comisión, el diputado Sergio Ojeda (DC), y él ha accedido, a que se adopte un acuerdo para invitar a Nabila y sus abogados. Así, sí lo tiene a bien la propia afectada, estamos en disposición de llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
«Independiente de que la gente entienda de leyes o no, dejar esto en un grado de impunidad significa dejar expuestas a las mujeres chilenas a que cualquier abuso pase de una retórica muy proteccionista a una impunidad solapada, como hoy estamos contemplando y que ocurre a partir de fallos incomprensibles como el de ayer”, explicó Castro.
«Pensamos que aquí hay un bien superior, que es la Justicia. Como parlamentarios respetamos a los otros poderes del Estado, pero no podemos dar una mala señal», comentó Alvarado, agregando que «la Justicia debe ser evolutiva y ponerse a disposición de los tiempos actuales. Nos parece impresentable que se dañe la sensibilidad de todos los chilenos al haberse rebajado esta condena de un crimen tan atroz como el que ella sufrió».
Alvarado finalizó diciendo que «esperamos que Nabila Rifo haga valer sus derechos, ya que Chile ha suscrito tratados internacionales, los que están disponibles para sanciones tan dantescas como la que aquí ha ocurrido. Por ejemplo, hace unos años la jueza Karen Atala sufrió discriminación de sus derechos y acudió a los tribunales internacionales. Esto fue acogido y el Estado chileno tuvo que hacerse responsable de esto».
