Texto aprobado contiene un conjunto de propuestas que representan “una respuesta concreta e inmediata para enfrentar la crisis del Sename y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes “
Por una amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó hoy un proyecto de acuerdo, suscrito por parlamentarios de toda la Nueva Mayoría, que pide al Ejecutivo gestionar e implementar, a la brevedad, un conjunto de propuestas político-legislativas y administrativas que representen “una intervención inmediata en la actual situación del Sename, permitiendo proteger a los niñas, niños y adolescentes y procurar una acción del estado proactiva y rápida para resguardar sus derechos”.
Tras la votación, el diputado DC Ricardo Rincón señaló que “hemos propuesto, como Nueva Mayoría, un conjunto de medidas claves para la protección de los niños, niñas y adolescentes; esperamos que ellas se ejecuten a la brevedad, comenzando por la intervención de los hogares críticos y por el retiro, en un plazo de tres meses, de todos los niños y niñas de 0 a 3 años, permitiendo que sean entregados a las familias extendidas o familias guardadoras. Está comprobado que por cada 3 meses de institucionalización se pierde un mes en el desarrollo psicomotriz, afectivo y de todo tipo de un niño en un hogar y por lo tanto ese proceso debe ser urgente profundo y en no más de 3 meses”.
“Como Nueva Mayoría hemos trabajado para poder lograr un acuerdo común que básicamente pone el acento en la modificación del actual sistema que permanentemente esta institucionalizando a los menores. Hemos pedido que, en forma urgente se intervenga a los hogares críticos del sename o de sus instituciones colaboradoras, en función de los informes de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de San Miguel, el INDH y el Ministerio de Justicia”.
Así lo refleja parte del texto señalando que “pedimos despliegue de atención urgente , en terreno, de los niños que hoy se encuentran en riesgo, de todos los Ministerios competentes , encabezados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud y la Corte Suprema de Justicia como el órgano del Estado que tiene las facultades administrativas, correctivas y disciplinarias de todos los Tribunales de Justicia del país, con el objeto de poner remedio a las vulneraciones que sufren por encontrarse en residencias calificadas como “críticas”, en el catastro realizado por el Ministerio de Justicia; el Informe del Ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, señor Roberto Contreras, el Informe Nacional de visitas a hogares y residencias de protección de SENAME elaborado por el Poder Judicial en 2016 y los informes de fiscalización 2017 realizados por ellos mismos hasta esta fecha, así como los referidos en las auditorías de la Contraloría General de la República y sus informes de seguimiento”
Rincón agregó, además, que “especial preocupación requiere el tema salud; por eso, hemos pedido que se otorgue atención de salud inmediata de los 197 niños que en las visitas realizadas por INDH de febrero a abril de este año denunciaron ser sometidos a descuido negligente, maltrato físico, mental o psicológico, abuso y explotación sexual dentro de las 171 residencias visitadas del total de 254 existentes en el país y, extensión de dicho despliegue territorial interministerial a todas las instituciones en las que dicho organismo informe la existencia de casos similares”.
“También planteamos una serie de propuestas de largo y mediano plazo. Dentro de estas últimas, planteamos que en la discusión en los próximos meses de la ley de presupuestos, se ponga el acento en el trabajo con las familias de origen, la familia extendida, o las familias de acogida si no fuere posible con las anteriores, para poner el acento en las familias y no en la institucionalización. De esta manera, generaremos un cambio en el uso de los recursos, de manea de que dejen de existir incentivos económicos perversos pro institucionalización y existan incentivos pro familia”.
Rincón señaló, además, que el proyecto de acuerdo presentado por la derecha “insiste en profundizar los errores actuales , pidiendo incluso que se siga entregando recursos a instituciones cuestionadas por vulneración de derechos; insisten en la adopción de niños por sobre la mantención en sus familias; no solicitan impedimento absoluto de internación por pobreza; no denuncian ni piden prohibición legal del comercio internacional del niño por medio de las adopciones internacionales; no piden incompatibilidad de programas que significan incentivos perversos para mantener la institucionalización; no piden desinternación de los bebes de 0 a 3 años; y no piden suma urgencia para proyectos, sin fijar contenidos esenciales garantizados mediante indicación sustitutiva en los casos respectivos”.
