“Toda corrección o enmienda que permita clarificar como va a funcionar la ley de interrupción del embarazo es positiva. Hay que ver en que va a consistir, porque de acuerdo a todo lo que se está tratando en la ley, en el tribunal constitucional y en el ordenamiento reglamentario, hay dos elementos que son esenciales, uno, respetar que toda mujer que cumpla el requisito de alguna de las causales tenga el derecho a ser intervenida”, dijo el diputado socialista y presidente de la Comisión de la Cámara, Juan Luis Castro.
El legislador (PS) sostuvo que “ las instituciones de salud pudiendo tener derecho a objeción de conciencia, institucional o personal no reciban financiamiento derivado del seguro público y para evitar que haya una suerte de colusión, porque o sino: ¿Qué sucedería si múltiples clínicas pudieran eventualmente adherirse a la objeción de conciencia y estuviesen recibiendo desde el sistema privado, pacientes derivados del sistema público por derivación, en objeción de conciencia?”.
El parlamentario socialista puntualizó que “si fuese así, que desde el sistema privado, se recibieran pacientes derivados del sistema público, estaría sobreponiéndose el principio rector, que es, que instituciones privadas para enfermos privados, hagan uso de tales efectos, pero no, que por un lado reciban recursos públicos y por otro se acojan a la objeción de conciencia”.
Castro enfatizó que “esto, a mi juicio debiera pasar por el Congreso, porque es una materia de alta sensibilidad que significa un financiamiento muy alto. Lo lógico es que no pueda haber una situación dual, en que el mundo privado se acoja a reglas que son propias, pero a la vez siga recibiendo financiamiento estatal en sus prestaciones”.
