Valparaiso 28 Agosto 2018 Puntos de Prensa. Hall El Pensador. Fotos:  Johanna Zárate P.

El parlamentario acusa una campaña de “post verdad y desinformación” a través de las cuentas institucionales de las Intendencias

 Una presentación de requerimiento ante la Contraloría, anunció el diputado Raúl Soto, junto a diputados DC, tras la “lamentable y vergonzosa campaña de desinformación”, que se desarrolló tras el fracaso del reajuste al salario mínimo en el Congreso Nacional.

 Al respecto el diputado Soto señaló que “esta campaña que ha sido encabezada por el presidente Piñera y secundada por los respectivos Ministros de Hacienda y trabajo, ha tenido una bajada que me parece gravísima a las regiones de nuestro país, cuando son los Intendentes, los Gobernadores, los jefes de Servicio, los cuales, utilizando recursos públicos, plataformas oficiales del Gobierno para criticar a los parlamentarios de oposición y para mentirle al país, mediante un mecanismo que solamente pretende generar violencia política y echarle la culpa a la oposición del fracaso del proyecto del ejecutivo en materia de reajuste al salario mínimo”.

“Esto quebranta los principios de probidad y de trasparencia y como también principios constitucionales y legales que están claramente establecidos en nuestro país y es por eso que mañana a primera hora vamos a hacer un requerimiento a la Contraloría a todos los Intendentes del país, para que se pronuncien sobre la legalidad de su actuación y les rayen la cancha en esta materia”, agregó Soto.

  Asimismo, el parlamentario explicó cómo se ha desarrollado esta polémica, tras la negativa del Congreso a aprobar la plurianualidad en el reajuste salarial, agregando que: “Aquí se desconoce la responsabilidad que ellos tienen, al haber tratado de imponer un veto que era inviable, me parece que esta situación es impresentable, más aun cuando se hace al margen de la ley como se está haciendo en las regiones de nuestro país, con los respectivos Intendentes a la cabeza, utilizando recursos públicos, utilizando una posición en el Gobierno regional, para establecer un uso político de plataformas oficiales del Gobierno que insisto, son financiadas con recursos públicos”.

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