La presidenta del Consejo para la Transparencia valoró un avance necesario “que no podía seguir esperando cambios a una normativa que está en trámite hace años”, dijo.
Tras una serie de polémicas derivadas de investigaciones por eventuales irregularidades en corporaciones municipales y otras entidades de derecho privado de diversas comunas y que reciben financiamiento público, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, valoró lo establecido por la Contraloría General de la República (CGR), que a partir de un dictamen determinó que estas instituciones se encuentran sujetas a lo establecido por una serie de normas, entre ellas, la Ley de Transparencia (N°160.316 del 29 de noviembre).
“El vacío en el que estaban las corporaciones municipales y en que están otras entidades de derecho privado debía aclararse, y de esta forma la Contraloría despeja una materia fundamental para impedir que instituciones que operan y reciben transferencias de recursos públicos eleven sus estándares de rendición de cuentas”, dijo sobre el dictamen.
El ente regulador subrayó en su pronunciamiento el carácter eminentemente público de las funciones y financiamiento de este tipo de organismos vinculados al ámbito de la educación, salud y atención al menor. Al respecto, se puede leer en el dictamen que fueron: “constituidas para el cumplimiento de funciones municipales -que algunos órganos edilicios desarrollan directamente a través de sus departamentos-, y realizan sus actividades con financiamiento público”. Y agrega: “En consecuencia, las instituciones en referencia son entidades mediante las cuales las municipalidades ejercen atribuciones que la Carta Fundamental y el legislador les entregaron, particularmente, en los ámbitos de educación, salud y atención de menores, todas actividades de naturaleza jurídica pública.”
“El que instituciones como algunas corporaciones siguieran operando como cajas negras debía parar. Esto tenía que cambiar”, comentó De la Fuente. “Muchas de estas entidades, que perseguían fines de eficiencia, terminaban imponiendo prácticas de secretismo y falta de transparencia, lo que no es posible permitir si además hablamos de dinero de todas y todos que se destina a áreas muy sensibles como salud y educación, entre otras”, dijo.
La misma situación, afirmó la CGR, aplica a otro tipo de corporaciones de carácter municipal, como las destinadas a la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo (creadas según el artículo 129 de la ley Nº 18.695), y aquellas que tienen su origen en lo establecido por otras leyes que autoricen expresamente a los municipios en tal sentido (aplica dictamen N° 66.271, de 2015)
La Contraloría establece que estos organismos “colaboran en el cumplimiento de las funciones de las entidades edilicias, esto es, ejecutar obras, servicios y acciones en favor de la comuna, de manera de satisfacer de modo directo o inmediato una necesidad o interés de la población (aplica dictamen N° 5.668, de 2014)”.
Lo anterior, indicó “justifica que se les apliquen determinadas normas en términos similares a los órganos públicos, justamente para resguardar dicho interés público y cautelar que la actuación del Estado a través de ellas no adolezca de irregularidades (aplica criterio del dictamen N° 12.605, de 2016)”.
Obligaciones de Transparencia
La CGR recordó además un dictamen de 2018 (N° 16.630), que había concluido le eran aplicables a las corporaciones municipales las disposiciones contempladas por la Ley de Transparencia, en materia de transparencia activa.
La presidenta del Consejo explicó que la acción de la Contraloría permite subsanar un vacío legal, que se pensaba, podría resolverse con el proyecto de ley que propone algunas readecuaciones a la normativa de transparencia, permitiendo abordar el caso de las Corporaciones Municipales y otras entidades de derecho privado.
Sobre el particular dijo: “aunque se trata de un proyecto de ley que sólo posibilita avanzar en algunos mínimos en materia de transparencia, nos permitía ponernos al día en este tema de las corporaciones, porque son sujetos con obligaciones si manejan recursos del Estado, ahora con un tope”.
Sin perjuicio de ello, De la Fuente reconoció que “una de las cuestiones relevantes de lo dicho por la Contraloría, posibilita poner coto a espacios que funcionan sin control social y con recursos de todos los chilenos”, cuestión “que no podía seguir esperando cambios a una normativa que está en trámite hace años”.
La iniciativa se mantiene aún sin discusión por parte de la Comisión de Gobierno del Senado, aunque desde la instancia se apuntó a que ésta podría ser discutida en su totalidad y despachada a sala próximamente.
