Los procesos cuestionados involucran la adjudicación y ejecución de obras por $271 millones para la pintura y reparación de establecimientos educacionales.
La mañana del miércoles 9 de marzo se reunieron en la Contraloría Regional de O’Higgins las concejalas Valentina Cáceres (PEV), María del Carmen Orueta (RN) y los concejales Emerson Avendaño (IND-PEV)) y Hugo Guzman (IND-RD), quienes presentaron una serie de antecedentes por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de las obras de pintura y reparación de los establecimientos educacionales de la comuna, dependientes de la Corporación Municipal.
Entre los datos recabados por las y los integrantes del concejo habrían diferencias con lo que establece la ley en cuanto a plazos de publicidad de la licitación y firma de contratos, faltas en los criterios técnicos de evaluación para la adjudicación, e incumplimientos por parte de la empresa que hoy realiza los trabajos.
El concejal Avendaño señala que los malos resultados serían evidentes pues “las labores de pintura no cumplen con las bases de la licitación, ya que no se prepararon las murallas y los trabajadores no cuentan con implementos de seguridad”, a lo que agrega que “la empresa solo acredita 3000 metros cuadrados de experiencia en pinturas durante los últimos cinco años”, lo que estaría muy por debajo de los 26 mil metros cuadrados de superficie que establece el contrato.
Maria del Carmen Orueta destaca que “hubo 17 oferentes y se dieron solo cuatro días para evaluar todos los antecedentes”, lo que dentro de otras condiciones podría haber beneficiado al adjudicatario final, quien además presentó una oferta superior a la de varios de sus competidores, en un monto de $50 millones.
Para Guzman esta denuncia se encuentra dentro de sus funciones, dado que “como concejales nuestro rol es fiscalizar este tipo de actos administrativos, lo que tiene que ver con resguardar los recursos públicos que finalmente son de todas y todos los vecinos de Rancagua”.
Dentro de los establecimientos afectados estaría el colegio Carlos Miranda del sector La Esperanza en donde se tomó la medida de suspender las clases. “En este colegio abrieron las aulas y se recibieron a las niñas y niños con baños químicos por problemas en la entrega de las obras, lo que atenta en contra de la dignidad de la comunidad escolar”, manifiesta la concejala Valentina Cáceres.
Por parte de la CORMUN quien se pronunció ante la denuncia fue el Secretario General entrante, Eduardo Peñaloza, asegurando que la licitación se ajusta a la ley y que frente a cualquier incumplimiento, al finalizar las obras se podrán aplicar las multas o ejecutar las garantías correspondientes. No obstante, la licitación fue tramitada durante el periodo de su antecesor, Mario Avilás, el que renunció al cargo el pasado 21 de febrero, momento en el que también renunció la directora de la división de educación, Miroslava Garrido, otra de las personas vinculadas al proceso.
Los hechos señalados se suman a los cuestionamientos consignados por CIPER Chile a la gestión del actual alcalde Juan Ramon Godoy. El medio de investigación periodística, recientemente le dedicó al edil un reportaje por las asignaciones vía trato directo a un proveedor cercano, sumando en solo cuatro meses de mandato un total de $207 millones en pagos desde la Corporación Municipal .
Ambas denuncias se vincularían ya que la empresa INGECORN, propiedad del proveedor señalado por CIPER, Javier Cornejo, a pesar de no adjudicarse la licitación de pinturas, estaría entregando suministros y realizando trabajos en los establecimientos escolares, según agregan las y los concejales en su requerimiento a Contraloría.
