La legisladora por O’Higgins calificó como “indispensable” que exista una normativa que se encargue de resguardar a todas las “víctimas colaterales” que deja el crimen de una mujer.
Como un “paso muy importante” calificó la diputada por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de Mujeres y Equidad de Género, Natalia Romero, el despacho del proyecto de ley que crea un sistema de protección y reparación integral para las víctimas de femicidios y sus familiares, y que tiene por objeto establecer la obligación de parte del Estado a reparar a las personas afectadas por el daño causado, además de implementar distintas políticas que garanticen su no repetición.
Al respecto, la parlamentaria -quien valoró el avance que tuvo la iniciativa- explicó que la violencia ejercida contra las mujeres también se extiende a las personas consideradas como “víctimas colaterales” de un femicidio, y que son todos los que tienen una relación directa, familiar o afectiva con quien ha sufrido un crimen, como por ejemplo quienes dependían económicamente de ella o las personas que vean afectada su integridad física o psíquica a causa de los graves hechos.
“No vamos a descansar hasta que aprobemos cada uno de los proyectos de ley que nos permitan ir protegiendo a las mujeres de nuestro país y, en especial, a quienes han sufrido de algún tipo de violencia que ha terminado en un femicidio. Porque no basta con tratar de prevenir estos hechos y de perseguir con todo el rigor de la ley a los agresores y homicidas, sino que también debemos preocuparnos de todas las víctimas colaterales que provoca un femicidio, y que muchas veces quedan en el absoluto abandono y sin protección”, manifestó la representante del Distrito 15.
En esa línea, la legisladora detalló que el proyecto establece que la reparación deberá tener las características de integral, adecuada y efectiva, obligando al Estado y sus instituciones a actuar con absoluta “diligencia” durante las investigaciones y los procesos judiciales. Asimismo, precisó que se otorgará una pensión reajustable de $160 mil pesos a los hijos e hijas de las víctimas de femicidio, incluyendo también a las de suicidio femicida, tal como lo solicitó la diputada Romero vía indicación.
Además, sostuvo que la iniciativa garantiza a las víctimas su derecho a acceder a la justicia -en cualquiera de sus etapas e instancias- en los casos presuntamente constitutivos de femicidio y suicidio femicida, como también ordena al Estado a considerar como prioritarias en las políticas públicas el derecho a la protección, a la reparación del daño y a una reparación integral.
Por último, precisó que entre las medidas concretas está la obligación de iniciar la búsqueda de una persona desaparecida en 24 horas; la creación de un fuero de un año para las víctimas de femicidio frustrado, la pérdida de los derechos hereditarios de un femicida respecto de la víctima, entre otras.
“No debemos olvidarnos de que detrás de un femicidio hay familias, hijos, padres o amistades que se ven profundamente afectadas, quienes pese a buscar justicia por los graves hechos que han ocurrido, muchas veces se les deniega. Por eso es fundamental un sistema donde se garantice, por ley, una protección adecuada y una reparación a todas las personas que se vean afectadas”, reiteró.
