En la jornada del pasado jueves 28 de septiembre se desarrolló en dependencias de la Universidad de O’Higgins el Seminario Ley Karin, proyecto que avanza en el Senado para su aprobación el cual busca terminar con el acoso laboral y las malas prácticas con sanciones más fuertes en línea con el reciente Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, al cual está adscrito nuestro país.

Organizaciones de funcionarios públicos y municipales, representantes de la CUT y sindicatos de trabajadores del mundo privado se dieron cita en la Universidad de O’Higgins para el Seminario sobre la Ley Karin, proyecto que establece que las relaciones laborales deben fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con un enfoque inclusivo e integrado con perspectiva de género.

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La ley toma su nombre de Karin Salgado, una técnica en enfermería de Chillán que se suicidó después de denunciar un grave caso de acoso laboral. La iniciativa busca llenar los vacíos en la legislación y contempla la designación de un delegado de prevención con fuero para recibir denuncias y facilitar el acompañamiento sicológico de la víctima.

La diputada Marta González se sumó a esta iniciativa liderada por la ex deportista y actual diputada Érika Olivera, una normativa que a su juicio “va en línea con lo establecido por el Convenio 190 de la OIT el cual Chile suscribió para que en nuestro país no se tolere el acoso laboral tipificándolo como delito, obligando a las empresas a tener una cultura preventiva ante estos abusos laborales, incluyendo los temas de salud mental como parte de los accidentes laborales”.

Hoy, como está la legislación, las personas no denuncian por miedo a perder el trabajo y los trabajadores terminan sometiéndose a un estrés que no debe existir en un clima laboral y este tipo de situaciones es lo que se busca prevenir con este proyecto de ley y evitar así más problemas en la salud de las y los trabajadores”, dijo la diputada González.

Según la diputada Érika Olivera– autora del proyecto-, la Dirección del Trabajo recibió 9.178 denuncias presuntivas por acoso laboral entre 2017 y 2021, siendo casi el 67% de las denuncias realizadas por mujeres.

La mayor parte de las materias denunciadas se refieren a la vulneración de derechos como la integridad física, psíquica y la honra del trabajador o trabajadora”, añadió la parlamentaria.

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La hermana de Karin, Claudia Salgado, quien pertenece el movimiento “No Más Otra Karin” también participó de la jornada, donde comentó que esta ley “es una gran iniciativa que se esté visibilizando y creando conciencia en un tema tan importante y sensible que tantas personas sufren a diario y en silencio”.

Y resaltó que “contar ahora con el apoyo del gobierno es fundamental para avanzar en este proyecto de ley de tolerancia cero al Acoso Laboral, que es transversal y que apunta a la dignidad humana” argumentó Salgado.

En este seminario participaron además dos expertas: Roxana Muñoz, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, quien abordó los aspectos legales de la iniciativa Ley Karin mientras que Alexandra Elton, psicóloga y magíster en Desarrollo Organizacional y Gestión Estratégica de las Personas, expuso el proyecto desde la sicología.

Para la Directora (s) del Trabajo de la Región de O’Higgins, Daniela Cabrera Pérez, quien asistió al Seminario Ley Karin comentó que “este proyecto de ley constituye un verdadero avance en materia de acoso laboral y de vulneración de derechos fundamentales pues actualiza tales materias, de acuerdo a lo establecido por el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral y que fuera ratificado por nuestro país durante este año 2023, estableciendo el procedimiento al que deben someterse las denuncias, reconociendo la obligación de adoptar medidas de prevención y de acompañamiento psicológico para quien denuncie, además de la determinación de las sanciones correspondientes».

Asimismo, Cabrera agregó que este proyecto «incluye otras medidas de adecuación al Convenio 190 ya mencionado, prescribiendo la obligación de las empresas y de los órganos del Estado de confeccionar un protocolo de prevención del acoso laboral y/o sexual y la violencia en el trabajo».

 

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