Un 80% de las empresas revisará su modelo de prevención de delitos

El sondeo, realizado en el marco de un ciclo de charlas enfocadas en gobiernos corporativos, incluyó la percepción de directores, gerentes generales, legales y de cumplimiento de 96 compañías.

• Consultados sobre cuál de las tipologías de ilícitos que contempla la nueva ley tiene mayor relevancia para su organización, un 48% de los encuestados respondió que los de primera categoría, es decir, aquellos puramente económicos que inciden en mercados regulados.

Trabajando activamente para adaptarse y enfrentar de la mejor manera el nuevo escenario normativo que se abre. Así se encuentran las empresas de cara a la nueva ley de Delitos Económicos, que entró en vigor en Chile y cuyos alcances representan un cambio importante. Así lo muestra el pulso realizado por Fundación Generación Empresarial (FGE) y Mazars aplicado a directores, gerentes generales, legales y de cumplimiento de 96 empresas que operan en el país. Los resultados se dieron a conocer en la charla final de un ciclo enfocado en gobiernos corporativos, que tuvo como tema de análisis la nueva legislación.

El estudio reveló que un 80% de las compañías contempla revisar su modelo de prevención de delitos y que el 96% de ellas ya cuenta con un canal ético u otro medio para recepcionar denuncias, los cuales en su gran mayoría (82%) están disponibles para cualquier persona —interna o externa— que requiera realizar alguna denuncia o consulta.

“Este pulso desarrollado por FGE y Marzars nos entrega interesantes luces sobre qué están haciendo las empresas, en concreto, para abordar la nueva normativa. Cabe destacar que la gran mayoría de los encuestados, un 96%, afirma que la organización a la que pertenece ya cuenta con un canal ético u otro medio para recibir denuncias, instancias de compliance que facilitan hacerse cargo de estas temáticas”, comentó la presidenta de FGE, Janet Awad.

Según el sondeo, las empresas están enfocadas en capacitar a sus empleados en esta materia. Además, están considerando la contratación de nuevos profesionales para reforzar sus equipos. “El 76% de los participantes afirmó que su organización ha realizado capacitaciones o acciones de comunicación para informar sobre la nueva ley y un 44% indicó que ya ha realizado contrataciones adicionales o proyectan hacerlo en el corto plazo. Esto nos muestra que las empresas están generando activamente estrategias para dar cumplimiento a la norma”, complementó Fernanda Hurtado, gerente general de FGE.

Por su parte, el managing partner de Mazars, Rubén López, destacó la importancia de que las empresas tengan un Modelo de Prevención del Delito robusto y de que los directorios se asesoren para hacer frente a estos desafíos. “Los cambios que trae este cuerpo legal no son menores: se han tipificado más de 200 nuevos delitos económicos, repartidos en múltiples leyes, todo, en busca de aumentar la confianza de la sociedad en el quehacer empresarial. Por lo mismo, creemos que es clave que las personas responsables de los modelos de prevención del delito tengan los niveles de competencia necesarios para aplicarlos y cumplir la normativa a cabalidad”.

Contratación de seguros

Además, el pulso FGE-Mazars consultó a los ejecutivos si la empresa en la que se desempeñan tiene contemplado contratar seguros para directores y gerentes, de manera que ejerzan sus tareas con respaldo, ante lo cual un 43% dijo que no lo tiene considerado, un 27% que sí y un 30% que no sabe.

Finalmente, la encuesta también preguntó sobre cuáles de las tipologías de delitos que contempla la nueva ley tiene mayor relevancia para su organización. Mientras un 48% respondió que los de primera categoría (puramente económicos que inciden en mercados regulados, ejemplo: ocultar información solicitada por la FNE o falsear, colusión, negociación incompatible, corrupción entre privados), un 32% dijo que corresponden a los de segunda categoría (delitos contra la propiedad intelectual, propiedad industrial, informáticos, contrabando, etc.). En tanto, un 12% comentó que los más importantes son los de tercera categoría (cohecho a funcionario público, delitos funcionarios, falsificación o utilización maliciosa de certificados de la Superintendencia del Medio Ambiente, entre otros), y un8% los de cuarta categoría (relacionados con receptación, blanqueo y lavado de activos).