La representante de O’Higgins aseguró que la demora en la adquisición se debe a una serie de observaciones que realizó la Contraloría y, en ningún caso, a la fiscalización que ha realizado en su rol de parlamentaria, como maliciosamente señalaron ambas autoridades.
La diputada por el Distrito 15, Natalia Romero, responsabilizó directamente al gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva, por el grave retraso que ha sufrido la adquisición de seis terrenos destinados a la construcción de viviendas sociales en las comunas de Mostazal, Graneros, Rengo, Peralillo y Pumanque, lo que si bien fue prometido en mayo de este año, a la fecha las actuales autoridades no han podido concretar dicha adquisición ni mucho menos se han iniciado las obras.
Al respecto, la parlamentaria decidió manifestar su “absoluta molestia” producto de las distintas informaciones que han circulado durante los últimos días, las que apuntan específicamente a la administradora regional de O’Higgins, Natalia Sánchez, quien de acuerdo a varios registros le habría expresado a los comités de vivienda de la zona que el retraso se produjo supuestamente por la “acción fiscalizadora” de la diputada Romero, a partir de una solicitud que realizó ante la Contraloría.
Sin embargo, la legisladora aseguró que fue justamente el órgano contralor el que, en septiembre de este año y por iniciativa propia, observó el convenio de transferencia suscrito entre el Gore de O’Higgins y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), señalando que “no se ajustó a derecho”.
“Durante la semana pasada y en los últimos días, me he enterado que la administradora regional y, por consiguiente, el gobernador de O’Higgins, le han mentido a la ciudadanía en relación con el retraso que ha sufrido el proceso de compra de seis terrenos para la construcción de viviendas sociales. Si bien todos coincidimos en que este es un proyecto muy anhelado por la ciudadanía, en ningún caso se ha visto postergado por nuestra acción fiscalizadora. Al contrario, fue la propia Contraloría la que dio cuenta de una serie de situaciones que dejan en evidencia el trabajo poco riguroso por parte del Gobierno Regional en esta materia”, cuestionó la diputada Natalia Romero.
Justamente, la representante del Distrito 15 hizo referencia a la resolución número 54 de la Contraloría Regional de O’Higgins, emitida el 20 de septiembre de 2023, que establece que el Gore no entregó el certificado que da cuenta de la disponibilidad presupuestaria para avanzar con la compra de los terrenos. El mismo informe -agregó Romero- señala que no se estipuló que los recursos utilizados debían ser reintegrados a las rentas generales de la nación, como tampoco se dejó establecido que las rendiciones se harían a través del Sistema de Rendición de Cuentas (SISREC).
Por último, el ente contralor también manifestó que el Gobierno Regional no entregó un certificado aclarando que no existe un fraccionamiento en las transferencias de recursos ni otro que asegure que el servicio receptor -Serviu- ha realizado todas las rendiciones recibidas con anterioridad.
Por lo mismo, la diputada Romero emplazó al gobernador y a la administradora regional a “rectificar públicamente” las imputaciones que se han hecho durante los últimos días, como también a “reconocer” las observaciones que realizó la Contraloría y que mantienen retrasado dicho proyecto.
“Tanto al gobernador Pablo Silva como a la administradora Natalia Sánchez, les quiero decir que no les sigan mintiendo a los vecinos de nuestra región y que se dediquen a trabajar. El retraso que ha sufrido la adquisición de estos seis terrenos es de su exclusiva responsabilidad, porque han sido incapaces de subsanar las observaciones que realizó la Contraloría, tal como ha ocurrido con la mayoría de los proyectos de importancia en la zona. De todas maneras, junto a mi equipo seguiremos fiscalizando y estando en terreno, como tanto nos caracteriza”, concluyó la legisladora.
