Se trata de implementos de oficina y de tratamientos para atención de vecinos usuarios de la Oficina de la Discapacidad.
El octavo robo en lo que va del año y el quinto en los últimos tres meses es el que quedó al descubierto en horas de esta mañana en la Oficina de la Discapacidad de la Ilustre Municipalidad de Graneros, donde a esta hora trabajan efectivos de Carabineros y el Fiscal de Turno instruyó la concurrencia de la brigada especialista en robos de la PDI.
El alcalde de Graneros Claudio Segovia, expresó que “es realmente terrible el daño que causan quienes vulnerando todo tipo de seguridad entran a nuestra oficina que atiende principalmente a personas que no pueden costear sus tratamientos de manera privada y que el municipio los atiende sin costo alguno. Acá se realizará una investigación por parte de la BIRO de la PDI y esperamos que los resultados finalicen en la detención de quienes tanto daño les han causado no sólo al municipio, sino que a nuestra comunidad”.
Jesús Salinas, encargado de la Oficina de la Discapacidad, señaló “contar que esta es la quinta vez que nos entran a robar desde julio a la fecha y lamentablemente para los usuarios, que son los discapacitados de la comuna, adultos mayores, es lo más perjudicial que hay. Casi no tenemos elementos para que trabaje el kinesiólogo, el fonoaudiólogo, nos han robado computadores, equipos especiales, hasta los test del psicólogo, gas, estufas, materiales de aseo”.
Los más perjudicados son los usuarios, señala Salinas, “lamentablemente ya no tenemos con qué atender, ya no sabemos si la oficina seguirá aquí o no (…) al municipio le cuesta mucho adquirir los elementos, porque no son baratos”, explicando que debido a que mayores inversiones en seguridad no se han podido hacer, dado a que se trata de un recinto arrendado.
Por tanto, el llamado del municipio es a que las personas no compren objetos de dudosa procedencia, ya que están dañando a las personas que más lo necesitan en Graneros y que son usuarios de la oficina, donde además cometen el delito de receptación que es sancionado por ley arriesgándose a una condena desde los 61 días, hasta los 5 años de cárcel, a lo que se suma una multa de 5 a 20 UTM.
