El parlamentario emplazó al Gobierno a dar urgencia a proyecto que obliga a sacerdotes y miembros del clero denunciar casos de abuso sexuales.
“Es total y absolutamente insuficiente” expresó el diputado independiente pro PPD, Raúl Soto, tras el anuncio del papa Francisco, sobre la abolición del “secreto pontificio” que será empleado en los casos de abusos sexuales y abuso de menores cometidos por clérigos. Medida que a juicio del diputado Soto, es solo “el piso mínimo que siempre debió existir”.
Asimismo, Soto emplazó al Gobierno a dar urgencia al proyecto de su autoría, que obliga a sacerdotes y miembros del clero a denunciar casos de abuso sexual, cuando tomen conocimiento de estos delitos contra niños, niñas y adolescentes. Esta iniciativa, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados a principios de este año, y actualmente está a la espera de su discusión en la Comisión de Constitución del Senado.
“El Gobierno debe demostrar si existe una real voluntad política para terminar con la impunidad en los casos de abuso sexual por parte de la iglesia católica y este es el momento indicado para hacerlo. Por mucho tiempo el secretismo fue utilizado en casos de abuso para encubrir y proteger a los sacerdotes, silenciando a las víctimas e impidiendo que la Justicia pudiera actuar e investigar los delitos”.
En la misma línea, el diputado por la región de O’Higgins aclaró que para él “lo que ha hecho hoy el papa, no es un estándar al que debemos llegar, sino que un desde”, ya que “nunca debió haberse permitido el secreto pontificio en casos de abuso y esta decisión no es más que un reconocimiento de que la iglesia durante años, operó como una institución que buscaba establecer impunidad y encubrimientos por parte de sacerdotes”.
Dentro de los documentos emitidos por el Vaticano, el papa Francisco, integró un cambio de ley sobre el delito de pornografía infantil, incluyendo dentro de los casos de delitos más graves, la posesión y difusión de imágenes pornográficas. Ampliando además de 14 a 18 años el límite de edad en que el Vaticano, considera que las imágenes pornográficas constituyen pornografía infantil.
Al respecto, el diputado fue enfático en señalar que estos anuncios “no pueden ser valorados o destacados por parte de la iglesia católica, porque siempre debieron ser parte de las legislaciones, consideraciones y sanciones al menos éticas de todos los sacerdotes y miembros del clero. El deber de las instituciones religiosas es poner todos los antecedentes ante la justicia cuando existan casos de abuso y no nos podemos perder en eso”.