Se trata de una medida administrativa que permitirá a más de 5 mil personas de la región
de O’Higgins bajar de tramo en la Calificación Socioeconómica. Esta corrección posibilitará
a quienes bajen a los tramos de mayor vulnerabilidad, acceder a beneficios del Estado.
En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia anunció que, para fines de este año, las pensiones de reparación
de personas que son parte de los informes Rettig y Valech, y exonerados y exoneradas
políticas, no serán consideradas como ingresos en el cálculo de la Calificación
Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).
Se trata de una importante corrección administrativa que beneficiará directamente en el
país a 13.427 hogares (23.180 personas), que bajarán de tramo en su Calificación
Socioeconómica, y que fue informada hoy a representantes de agrupaciones y beneficiarios
de pensiones de reparación en el Palacio de La Moneda. Esto permitirá a quienes bajen a los
tramos de mayor vulnerabilidad acceder a beneficios del Estado.
El Gobierno determinó realizar esta corrección atendiendo a que la naturaleza de las
pensiones de reparación es distinta al no encontrarse asociadas al ingreso proveniente del
mercado laboral, sino que representan actos de desagravio a familias y personas que
sufrieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que “como Estado y
autoridades tenemos el deber de ir siempre más allá, sobre todo cuando se trata de la
defensa de los Derechos Humanos, y hacernos cargo también de cuando es necesario
corregir políticas públicas que ayudarán a hacer justicia. Nos parece que es de toda justicia
que finalmente estas pensiones de reparación no terminen implicando una exclusión o
limitación de acceso a distintos beneficios del Estado, distintos elementos de la protección
social”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, detalló que “esta instancia ha
permitido hablar de los otros aspectos que son relevantes, entre otros, aquellos que tienen
que ver con la corrección legal de esas incompatibilidades, los déficits que tenemos en el
programa PRICE, que también ha sido una preocupación relevante del Ejecutivo y de los
otros aspectos asociados a la Agenda de Derechos Humanos en el caso de las personas que
son sobrevivientes de tortura y prisión política”.
La subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, señaló que “la corrección que estamos
Seremi de Desarrollo Social y Familia | Región de O’Higgins| Almarza 399, Rancagua | +56 72 2 222606
haciendo era una demanda sentida y fue valorada por las y los dirigentes de agrupaciones de
quienes fueron víctimas de la dictadura y que nos acompañaron hoy en el anuncio. No
correspondía que quienes reciben pensiones de reparación se vieran imposibilitados y
limitados a acceder a prestaciones sociales que usan al Registro Social para conceder
prestaciones. Esta medida permitirá caracterizar de mejor manera la situación
socioeconómica de los hogares y que aquellos que estén en los tramos de mayor
vulnerabilidad puedan acceder a las políticas sociales que les corresponden”.
Representando a las y los sobrevivientes de la dictadura, Nelson Aramburú agradeció a las
autoridades, asegurando que “esta corrección que subsana un problema serio que tenemos
a nivel social básico para la postulación de vivienda, para tratamientos de salud, e incluso
para temas educacionales. Esta corrección nos ayuda en concreto. Somos una generación en
extinción y una generación que durante mucho tiempo ha estado abandonada”.
A nivel regional, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayadeth Ahumada, anunció que
esta corrección administrativa beneficiará directamente a 5.088 personas de la región de
O’Higgins, entre ellos; 4.136 exonerados, 33 (Informe Rettig) y 919 (Informe Valech).
“Para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric es muy importante esta corrección en el
cálculo de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares, permitiendo que
más de 5 mil personas de la región que reciben bonos de reparación, no se les considere
estos aportes como ingresos económicos en el RSH. Esperamos que dentro de muy poco
estos cambios se vean reflejados para el beneficio de cada uno ellos y ellas”, destacó la
Seremi de Desarrollo Social y Familia, Nayadeth Ahumada.
Este anuncio se enmarca en una serie de mejoras continuas en el cálculo de la Calificación
Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (RSH) que seguirán comunicándose
durante el último trimestre de este año.
