Cotizaciones previsionales pendientes de pago por más de 1000 millones de pesos en educación, reveló el informe de Contraloría
Contraloría plantea la posibilidad de realizar pagos directos desde el Mineduc a profesores y trabajadores de la educación.
Tras escuchar en la Comisión de Educación de la Cámara, al Contralor General de la República, al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio de Educación y Alcalde de San Fernando, a raíz de la grave situación que afecta a docentes, y asistentes de educación, cuyos sueldos y cotizaciones previsionales no han sido pagados por el municipio, los diputados DC, Sergio Espejo, Yasna Provoste y Mario Venegaslamentaron la dramática situación que vive la comunidad educativa y solicitaron con urgencia se evalúe la designación de un Administrador Provisional para intervenir en su conjunto a los establecimientos educacionales de la Corporación de San Fernando.
Al respecto, el diputado Sergio Espejo manifestó “esta es una falla grosera de todo el aparato público, en el control del uso de los recursos que son fundamentales para la educación de nuestros niños y nuestras niñas. En la Comisión de Educación, hemos resuelto solicitar formalmente al Contralor que nos pueda indicar si es posible nombrar un Administrador Provisional para el conjunto de la educación pública de San Fernando, y al mismo tiempo, evaluar medidas como el pago directo de los sueldos a los profesores y a los asistentes de la educación”.
Agregó que “es fundamental que esta crisis que hoy día impide ejercer el derecho a la educación, y atenta contra los derechos laborales de los decentes y para docentes llegue a su fin, porque una de las consecuencias de esta crisis que hoy día enfrentamos, es la paralización y la falta de clases para más de 6 mil alumnos”.
Respecto a las irregularidades señaladas por el Contralor Jorge Bermúdez, la diputada Provoste, integrante de la Comisión de Educación detalló que “la información proporcionada señala que hay una deficiencia en el registro contable de los ingresos de los recursos de educación, hay pagos de sueldo que se realizaron sin documentación ni respaldo, hay pago de cotizaciones previsionales pendientes por más de 1000 millones de pesos, hay intereses y recargos por cotizaciones previsionales retenidas, descuentos voluntarios a los profesores no pagados, que sin embargo, después son remitidos a las entidades con las cuales los profesionales de la educación tienen convenio, retenciones de impuesto del 10% de honorarios no enteradas en las arcas fiscales, pago de sueldos y otros beneficios a personas que no cumplen funciones en alguna de las entidades, en consecuencia un déficit financiero que aumentó en un 86%”.
En cuanto a las alternativas planteadas para resolver el conflicto, el diputado Venegas comentó que “lo que plantea el contralor sobre una intervención del Administrador Provisional, a mi parecer, abre una ventana de solución rápida que es lo que necesitan los profesores. Sin embargo, lo más importante es la urgencia de aprobar el proyecto de ley sobre nueva institucionalidad para la educación pública, este caso lo demuestra, porque esta es la solución al problema de fondo del municipio de San Fernando y el de otros municipios que están en una situación similar”.
Por otra parte, Venegas en la sesión planteó su preocupación por los recursos de l Ley de Desarrollo Profesional Docente. “En julio se pagan los incrementos a los profesores por los tramos que fueron asignados en esta nueva carrera, la ley actual obliga a traspasar estos recursos a los municipios, ¿tenemos alguna certeza de que en las condiciones actuales de insolvencia financiera del municipio, ese aumento en sus sueldos va a llegar directamente a los profesores? En mi opinión, ninguna”.
Asimismo, la diputada Provoste precisó “las alternativa señalada por el Contralor de contar con un Administrador Provisional no por establecimiento, sino para el conjunto de establecimientos de la corporación, nos parece una solución, pero también, es fundamental poner discusión inmediata al proyecto de ley que busca ampliar las facultades del administrador provisional, no sólo para que pueda actuar en red en los establecimientos educacionales, sino también para hacer prorrogable los mandatos, porque lo que está detrás es el interés superior de defender y resguardar la educación pública en nuestro país”.
