En el marco de su visita a la región de O’Higgins, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, asistió a un diálogo participativo con organizaciones migrantes, donde además estuvieron presentes el intendente de la región, Pablo Silva; la gobernadora Mirenchu Beitia; la seremi de Justicia y DD.HH Yosselin Moyano; el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez y más de cincuenta representantes de organizaciones migrantes.
La representante de la comunidad ecuatoriana, Yanina Reyes, manifestó que “los profesionales que han llegado a chile, están teniendo dificultad para encontrar trabajo por consiguiente la documentación se atrasa. Es por eso, que consideramos que estos encuentros son necesarios para exponer nuestras necesidades e inquietudes”.
En 2016 hubo 1.864 ingresos de visa y en lo que va de 2017, se han entregado más de 500 de las 809 solicitadas. Frente a esta situación la Gobernación de O’Higgins generó una mesa de trabajo para dar respuesta eficiente y oportuna a las solicitudes que realizan las personas migrantes, las que provienen en su mayoría de Colombia, Venezuela y Haití.
“La migración es un tema que llegó para quedarse. Nadie abandona su patria porque quiere, el que lo hace es porque detrás tiene una historia, una tragedia, y por lo mismo debemos acogerlos fraternalmente”, señaló el ministro Campos durante el encuentro con las organizaciones, el cual tiene como propósito conocer las necesidades de los migrantes e informarles sobre sus derechos.
En tanto, el Intendente, Pablo Silva, destacó que “la cantidad de extranjeros que llegan a radicarse al país en los últimos años ha crecido considerablemente, y frente a esa situación como estado debemos crear políticas públicas que apunten y beneficien a la población inmigrante. La gobernadora de Cachapoal, Mirenchu Beitia se encuentra desarrollando mesas de trabajos, que permiten visibilizar la realizar de este grupo de personas”.
Cabe destacar que desde el pasado 30 de agosto se inició en Chile el proceso de Apostilla-el cual se realiza en las dependencias de la seremi de Justicia- simplifica la cadena de legalización de documentos públicos extranjeros, modificando la forma de acreditar su autenticidad mediante un trámite único y permitiendo dar mayor agilidad a los trámites que tanto chilenos como migrantes necesiten realizar, todo esto de manera gratuita.
Frente a esto, la seremi de Justicia y DD.HH, Yosselin Moyano, manifestó “el desafío es generar las instancias que den apertura a la elaboración de un diagnóstico, compartir experiencias exitosas, identificar los nudos críticos, y promover su plena integración y participación social de la población migrante que por motivos económicos, conflictos bélicos y temas políticos deciden establecer a chile como su residencia. La presidenta Michelle Bachelet, nos ha instruido a hacerlos parte de nuestra sociedad, de integrarlos y brindarle la ayuda necesaria, como a cualquier chileno”.