La Corte de Apelaciones de Rancagua y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), firmaron hoy –martes 22 de agosto- un convenio para fijar la estandarización de criterios para la tramitación digital de los procesos judiciales entre ambas instancias, especialmente la tramitación de expedientes de concesiones mineras.
El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro Marcelo Vásquez, dijo que “este es un gran avance que va de la mano con la tecnología, con la Ley de Tramitación Electrónica hemos tenido que modernizar nuestros sistemas, ponernos a la vanguardia con mecanismos más ágiles para la tramitación de causas. Por eso es muy relevante para esta Corte y para el Poder Judicial esta firma de convenio, ya que nos permitirá tener una relación más ágil con el Servicio Nacional de Geología y Mineria».
En tanto, el director del Sernageomin, Mario Pereira, comentó que con esta firma “estamos dando cumplimiento a la Ley 20.886, que tiene por objetivo contribuir a acelerar la tramitación de concesiones y el pronunciamiento técnico de mensuras, y también implica un modo de operar más racional desde un punto de vista ambiental porque ya no se usará papel. Anualmente, se generan al menos 86 mil informes de explotación y 48 mil de exploración en Chile y en la Región de O’Higgins, en lo que va de 2017 las cifras son 1.500 de explotación y 1.482 de exploración”.
El convenio dispone -entre otras medidas- la remisión vía correo electrónico de los oficios, peticiones, informes y, en general, todas las comunicaciones que sea necesario transmitir interinstitucionalmente, especialmente de las concesiones mineras que representan la mayoría de los intercambios de datos entre ambas instancias. Igualmente, se ha dispuesto que los expedientes iniciados con antelación a la vigencia de ley, continúen en el formato antiguo.
El Sernageomin, a través del departamento de Propiedad Minera, tiene el mandato de efectuar la revisión, seguimiento y control técnico de los expedientes de concesiones mineras de exploración y explotación, para asesorar la decisión de los tribunales de justicia en aspectos técnicos relacionados con la operación de mensura de las concesiones mineras de explotación y las solicitudes de sentencia constitutiva de concesiones mineras de exploración.
