Y respecto del Caso Convenios, 60% cree que descubrirá una práctica de corrupción
que no es nueva y ha afectado al Estado en muchos gobiernos.
La empresa de investigación de mercados Ipsos lanzó su versión número 20 de su
informe mensual “Claves Ipsos” correspondiente al mes de julio, en el que
encuestó a 800 personas en Chile para describir las opiniones y los comportamientos
de los ciudadanos respecto de temas de interés para el país. En esta edición se hizo
una radiografía de la opinión pública sobre probidad y corrupción en el país
Probidad y Corrupción en el país.
Se consultó por 15 instituciones distintas, públicas y privadas, y la mayoría de las
personas asoció cada institución principalmente con la idea de corrupción antes que
con probidad. Las tres instituciones más críticas son los partidos políticos con 83% de
asociación a corrupción, el Congreso con 72% y las municipalidades con 63%.
En el caso del Estado, pese a que un 31% considera que tiene los medios para actuar
con probidad y transparencia y fiscalizar, 56% opina que no fiscaliza su propio actuar
y 57% cree que es honrado en cuanto contratación de funcionarios para ministerios y
servicios públicos.
También existe desconfianza sobre las prácticas de las empresas privadas. Los
principales cuestionamientos se encuentran en relación a que no serían transparentes
en relación a sus resultados comerciales y sus ganancias (sólo 14% cree que sí lo
son) o transparentes en precios de sus productos y condiciones de servicio (17% cree
que son transparente en este punto).
Para las personas consultadas sólo se podría confiar en un comportamiento honrado
en emprendedores y dueños de negocios hoy en Chile (64%). Mientras la percepción
de comportamiento honrado tiene resultados críticos en relación a funcionarios
municipales (14%), funcionarios del Estado (15%) y las autoridades de gobierno
(16%).
La corrupción se observa como un fenómeno instalado a todo nivel: en el país (76%),
en el Estado (69%), en las regiones (64%) y comunas (57%), en la empresa privada
(44%) y hasta en las relaciones entre las personas (34%).
A nivel del Estado, las prácticas corruptas más frecuentes que las personas creen que
se producen son el nepotismo (60%), la malversación de fondos (50%) y sobornos
(47%). Mientras que a nivel de las empresas serían el uso de sobornos o coimas
(59%) y de influencias para lograr beneficios (55%).
“La sensación de falta de probidad y de uso de prácticas corruptas por parte de
instituciones públicas y privadas se ha instalado a todo nivel, en opinión de la
ciudadanía. Incluso en las relaciones entre las personas. Esta percepción de
ambiente de corrupción es tremendamente dañina porque perjudica a la forma como
las personas se relacionan con las instituciones, al funcionamiento de las mismas y
también a la imagen país que se construye y proyecta. Si se creía que la corrupción
era un fenómeno asociado principalmente al ámbito político, este estudio nos
demuestra -desde la observación ciudadana- que es transversal a las diversas
instituciones y relaciones en Chile”, indica Alejandra Ojeda, Gerenta de Estudios
Públicos de Ipsos Chile.
Caso Convenios
En julio, tres de cada cuatro personas indicaron estar al tanto o haber escuchado
sobre escuchado sobre el “Caso Convenios”.
Para la mayoría de las personas consultadas (60%), este caso descubrirá una
práctica de corrupción que no es nueva y ha afectado al Estado en muchos gobiernos,
mientras que un 35% cree que esta situación mostrará un mecanismo de
financiamiento creado por algunos partidos ligados con el Gobierno del Presidente
Boric.
Un 48% de las personas que saben sobre el “Caso Convenios”, piensan que el efecto
para el Gobierno será perder credibilidad. Por el contrario, un 29% cree que saldrá
fortalecido si se toman las decisiones y acciones correctas, mejorando los
mecanismos de probidad del Estado. Sólo dos de cada 10 encuestados piensa que
no pasará nada, ya que estos casos se olvidan y la agenda pública cambia
rápidamente.
Dentro de los principales impactos que tendrá el Caso Convenios, el 47% cree que
habrá mayor control o supervisión de los recursos asignados por el Estado a las
instituciones privadas; el 41% piensa que habrá aumento de sanciones o entidades
involucradas en casos de este tipo; el 36% estima que se fortalecerán las entidades
fiscalizadoras, como la Contraloría General de la República, y el 29% ve posible que
el traspaso de recursos estatales a privados podrían ser todos a través de concursos
públicos.
A raíz de lo anterior, más de la mitad de los chilenos (52%) evalúa a las fundaciones
peor que antes, un 38% las ve igual que antes y sólo un 5% las percibe mejor que
antes.
“Más allá de la gravedad del caso y de todas las prácticas que se están descubriendo
o cuestionando, aun cuando puedan estar apegadas a la ley, el Caso Convenios está
generando un daño muy serio a la reputación de las instituciones públicas y al tercer
sector en Chile. Por un lado, sirve de base para confirmar los prejuicios de las
personas que creen que la mayoría de los actores políticos y el funcionamiento del
Estado son corruptos, acrecentando la desafectación política. Perjudica la imagen de
entidades como las fundaciones, que son necesarias para la ejecución de políticas
públicas en el país. Y, además, contribuye a generar un ambiente viciado, ya cruzado
actualmente por la agenda de inseguridad pública”, comenta Alejandra Ojeda,
Gerenta de Estudios Públicos de Ipsos Chile.
