Giorgio Jackson es sin duda una de las figuras más emblemáticas del Frente Amplio y del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, su paso por el gabinete estuvo muy lejos de ser tranquilo. Por el contrario, estuvo marcado por una serie de incidentes tanto de índole funcional como políticos, los cuales llegaron a empañar su papel como ministro de Estado. Sus declaraciones acerca de la supuesta superioridad moral de su propia generación en comparación con las anteriores generaron un profundo malestar, no solo en la oposición, sino también entre varios miembros del oficialismo, situación que sin duda fue reduciendo su crédito dentro de la élite política, especialmente en el Parlamento.
La posición de Giorgio Jackson se fue debilitando gradualmente debido a la implicación de su partido, Revolución Democrática, en casos graves de corrupción relacionados con fundaciones que recibieron cuantiosos fondos a través de tratos directos por parte de organismos del Gobierno. Además, surgieron una serie de revelaciones en las últimas semanas, como la decisión de dejar de informar en detalle sobre transferencias de recursos a terceros al Consejo de Auditoría dependiente de la Segpres, medida adoptada mientras Jackson ejercía como Ministro de esa cartera. El robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social sembró una serie de dudas sobre el rol que al entonces ministro le cupo en ese episodio. En efecto, apenas se conoció por la opinión pública este incidente, diferentes figuras de la oposición y del mismo oficialismo profirieron graves (e irresponsables) acusaciones contra el Ministro, solo en base de conjeturas.
En los últimos días, el Partido Republicano anunció una segunda acusación constitucional contra Jackson en menos de un año, que, a diferencia de la primera, parece que estaba mejor perfilada. En este contexto, en medio de una crisis creada por el caso Fundaciones y que parece no tener un pronto fin, Giorgio Jackson decidió presentar su renuncia, la que fue aceptada por el Presidente de la República.
Son muchas las lecturas que se pueden hacer respecto del rol de Jackson durante su estadía en la Moneda, de su renuncia y las consecuencias para el oficialismo. Al respecto, en esta columna creemos conveniente abordar el tema desde dos perspectivas: su responsabilidad jurídica, administrativa y funcionaria y su responsabilidad política. En relación con la primera, ella deberá hacerse efectiva, en la medida que así lo determinen los órganos competentes, en el marco de un debido proceso, y bajo la guía del principio de presunción de inocencia.
En cuanto a la responsabilidad política, no cabe duda de que la presencia de Jackson en el Ministerio estaba generando más perjuicios que beneficios. Decisiones y actitudes del ex – ministro fueron produciendo un importante grado de desconfianza a su persona y a sus competencias, por lo que ya estaba siendo muy compleja su presencia en el Gobierno sin afectar los esfuerzos de sacar adelante una agenda, que, aunque modesta (en comparación a los sueños refundacionales que rondaron a la Moneda, especialmente antes del 4/9), se ha convertido en uno de sus principales objetivos.
Desde un punto de vista político, Giorgio Jackson se había convertido en un verdadero problema para el Gobierno, y su salida puede contribuir a reducir la tensión en el Palacio de la Moneda (aunque aún habrá que esperar si está dimisión no generará tensiones y quiebres con el Frente Amplio, en especial con Revolución Democrática, particularmente por la designación de su sucesor). Asimismo, la renuncia de Jackson y las razones esgrimidas, que prácticamente dan cuenta de una especie de “sacrificio” por la patria y los más pobres, plantea un reto a los líderes de la oposición para que vuelvan a participar en las negociaciones relacionadas con la reforma previsional y el pacto fiscal, de las que, consideramos, nunca debió sustraerse, por los valores que están en juego para Chile.
Finalmente, creemos que el caso Fundaciones aun tiene víctimas políticas que cobrar. Está por verse si la salida de Giorgio Jackson aplacará las exigencias para hacer efectivas las responsabilidades otros miembros importantes del Gobierno, como son Carlos Montes y Javiera Martínez, especialmente respecto de esta última, que ha sido objeto de un blindaje pocas veces visto en política por parte del Gobierno.
