Mesa Técnica de Familia de la Corte de Rancagua aborda situación de niños,
niñas y adolescentes que carecen de escolarización por falta de cupos en
colegios

Con la participación de autoridades de los organismos en materia de Niñez,
Justicia y Educación de la Región de O’Higgins, se llevó a cabo en la Corte
de Apelaciones de Rancagua la segunda reunión del año de la Mesa
Interinstitucional de Familia de la jurisdicción.

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La instancia la encabezó el presidente del tribunal de alzada, ministro
Ricardo Pairicán García, y el ministro encargado de Asuntos de Familia de la
Corte de Rancagua, Pedro Caro Romero, y fue integrada por el seremi de
Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Marchant Cabrera; la seremi de
Educación, Alyson Hadad Reyes; el director regional del Servicio de
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), Cristián
Flores Valdivia; entre otros representantes de las instituciones que
integran esta mesa, además, de los jueces y juezas de Familia y consejeros
técnicos de la región.

Los participantes de la Mesa analizaron, entre otros temas, dos situaciones
complejas que se dan en la jurisdicción en materia de niñez como los casos
en que niños, niñas y adolescentes carecen de escolarización por falta de
cupos en colegios y la ejecución del diagnóstico clínico especializado.

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«Analizamos la situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que sus
padres o curadores recurren a los tribunales para obtener la asignación de
un cupo escolar. Es una situación compleja, dado que el sistema de admisión
escolar (SAE) ha advertido que en algunas localidades de nuestra región
existe cierto número de niños que han quedado sin una plaza. Junto con esto,
también está la problemática de aquellos NNA que, si bien tiene cupo en una
institución educacional, ésta queda muy alejada de su domicilio», señaló el
ministro Pedro Caro.

Explicó que, además, durante la sesión la Secretaría Regional Ministerial
Educación expuso y «dio a conocer el funcionamiento del sistema y la forma
de dar soluciones a casos particulares por parte de los Juzgados de Familia.
Se generaron canales de comunicación y se analizó la posibilidad de
establecer una mesa para este tema de la admisión escolar, mostrando el
Ministerio de Educación su intención de superar estos problemas. De parte de
los tribunales se entendió la problemática y la necesidad de generar la
mayor coordinación posible».

Diagnóstico clínico especializado

En la reunión también realizó una presentación el director regional del
Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor
Niñez), Cristián Flores, y la abogada de la repartición, quienes plantearon
las dificultades que ha tenido la ejecución del diagnóstico clínico
especializado y la problemática en relación con su tramitación en el sistema
informático y con las solicitudes de egreso todo lo cual redunda en la
depuración de las listas de espera.

El ministro Caro señaló que tras un diálogo con los tribunales de Familia,
consejeros técnicos, curadores ad litem de los programas Mi Abogado y La
Niñez y Adolescencia se defienden, «se concordaron ciertas líneas de acción
para ser trabajadas durante el año y vías de comunicación directa para hacer
más ágil la solución de los distintos nudos críticos y problemas generados
sobre la materia».

«Destaco que en esta ocasión retomamos la asistencia presencial en
dependencias de la Corte, lo que sin duda contribuye a generar un espacio
que enriquece el debate», agregó.

Por su parte, el director del Servicio de Protección Especializada a la
Niñez y la Adolescencia, indicó que «pudimos hablar sobre el diagnóstico
clínico especializado y la nueva oferta que vamos a tener en materia de
acompañamiento familiar territorial».

En la Mesa Técnica Interinstitucional de Familia de la jurisdicción
participan, además, jueces y juezas de familia, consejeros técnicos,
administradores de tribunales, el Ministerio Publico, Carabineros,
Defensoría de la Niñez, Programa «Mi Abogado», la nueva línea de
representación jurídica especializada «La Niñez y Adolescencia se Defienden»
y el Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de
Protección del tribunal de alzada.

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