La representante de O’Higgins propuso que los hogares cuenten con barras de seguridad, barandas, rampas para sillas de ruedas y baños habilitados con duchas en los primeros pisos.
La diputada por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de la Familia, Natalia Romero, presentó en los últimos días un novedoso proyecto de ley que apunta a seguir avanzando en materia de accesibilidad universal en el país, estableciendo que todas las viviendas nuevas que se construyan deberán contar con elementos que facilitan el desplazamiento de las personas con movilidad reducida, entre ellas los adultos mayores o quienes sufren algún tipo de discapacidad motora.
Al respecto, y en concordancia con el envejecimiento que ha experimentado la población y el aumento de la esperanza de vida de las personas, la parlamentaria explicó que la finalidad de su iniciativa es que al momento de construirse una vivienda se deberán incluir -de forma obligatoria- elementos como pasamanos, barandas o barras de seguridad, al igual que rampas para sillas de ruedas en cada uno de los accesos e, incluso, baños con duchas en los primeros pisos, entre otros.
“Todos tenemos algún familiar, vecino, amigo o conocido con movilidad reducida o que presenta algún tipo de problema de desplazamiento, y que producto de aquello ha tenido que modificar toda su casa para adaptarla a sus necesidades. Y todos también conocemos a alguien, sobre todo adultos mayores, que han sufrido accidentes dentro de sus hogares por tener que subir o bajar escaleras, o por no contar con barandas para afirmarse. Por lo tanto, es evidente que como Estado y sociedad estamos al debe en esta materia, y que debemos legislar en beneficio de quienes justamente sufren algún tipo de discapacidad motora o requieren de la asistencia de un tercero”, señaló la legisladora.
En esa línea, la diputada Romero incluso hizo mención a la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” -suscrita y ratificada por nuestro país-, que no sólo establece que los adultos mayores tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, debiendo el Estado adoptar medidas para avanzar en aquello, sino que también dispone que los inmuebles deben ser “adecuados y accesibles” para quienes sufren problemas de movilidad.
Por lo mismo, la representante de O’Higgins llamó al Gobierno a patrocinar y otorgarle máxima urgencia a su proyecto, de manera que pueda ser tramitado y convertirse en ley lo antes posible.
“La accesibilidad universal llegó para quedarse, y por eso tenemos la obligación de apoyar a quienes más lo necesitan. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen más de 37 millones de caídas domésticas, siendo los adultos mayores los que encabezan las atenciones médicas por este motivo. Así que esperamos que el Ejecutivo pueda comprometerse con todas estas personas y avancemos en esta iniciativa”, reiteró Romero, quien finalmente llamó a las inmobiliarias y constructoras a comprometerse con la accesibilidad universal “sin la necesidad de tener una ley”.
“Uno esperaría que no tenga que existir un proyecto para que las construcciones estén pensadas en quienes tienen problemas de movilidad. Así que esperamos contar con el apoyo de ellos”, remarcó.
