Ante la información difundida por diferentes medios de comunicación respecto al caso de una niña boliviana que en julio de 2024 permanecía en un campamento ubicado en la comuna de Rengo, queremos destacar el trabajo desplegado por diferentes instituciones del Estado y la activación oportuna de todos los protocolos existentes para brindarle, de forma inmediata, el cuidado y la protección especializada que requería.
Es oportuno relevar que, una vez develada su condición de víctima de graves vulneraciones a sus derechos humanos, el Tribunal de Familia competente ordenó su ingresó a una residencia del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia donde un equipo de profesionales la ha acompañado, desde julio de 2024, en su proceso de reparación del daño y restitución de derechos.
Es importante señalar que este caso ha movilizado a diferentes instituciones del Estado en un abordaje conjunto de las acciones y medidas tendientes a garantizar el bienestar y desarrollo integral de la niña, junto con avanzar en la regularización de su situación migratoria.
De forma paralela, es importante señalar que en su oportunidad se pusieron todos los antecedentes ante los tribunales y el Ministerio Público para que se persigan las responsabilidades penales en torno a hechos que son constitutivos de delito y que condenamos enérgicamente.
Asimismo, a través de diferentes instituciones competentes en la protección y representación legal de niños, niñas y adolescentes hemos realizado acciones legales y de sensibilización para evitar que, producto de la exposición mediática de estos repudiables hechos, se difunda masivamente información de la víctima que es carácter confidencial y está protegida por nuestra legislación y tratados internacionales suscritos.
